26 abr. 2016

En el Día de la Tierra, marcha de MASS VIDA por la Defensa del Territorio

El Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASSVIDA), plataforma constituida por organizaciones de sociedad civil de la zona Sur de Honduras (entre ellas nuestro socio el Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca-CODDEFFAGOLF) y por representantes de la Iglesia Católica, celebró el Día de la Tierra convocando a una marcha en el municipio de Nacaome. Esta marcha tuvo como lema principal la defensa del territorio frente a las actividades que están amenazando el medio ambiente y los medios de vida de la población del Sur de Honduras, como son la minería, las ZEDEs y las grandes plantas de energía fotovoltaica.

A continuación os dejamos el pronunciamiento de la marcha y el vídeo con imágenes:


PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO
El Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida integrado por decenas de organizaciones miembros de la sociedad civil organizada y en el marco del día mundial de la Tierra ante la comunidad local, nacional e internacional expresa lo siguiente:
CONSIDERANDO: que en este día de la tierra hay un doble luto del movimiento ambientalista de la zona sur de Honduras dada la destrucción de los recursos naturales hondureños y dada la muerte violenta de la líder indígena Berta Cáceres el día 3 de marzo del 2016.
CONSIDERANDO: que el gobierno de Honduras el 29 septiembre del 2015 se comprometió a plantar un millón de hectáreas de bosque previo a la Convención Mundial del Clima y mientras tanto aprobaba la deforestación de miles de hectáreas en el sur de Honduras en el marco de proyectos de energía fotovoltaica con daños severos al ambiente y potenciando el incremento de las temperaturas en el sur de Honduras.
CONSIDERANDO: Que mediante La Ley de Reconversión de la Deuda el gobierno hondureño contempla la venta o enajenación de los bienes del Estado “ociosos”, lo cual incluye proyectos en el área de los recursos naturales, minería, energía y telecomunicaciones. Que resulta que esos bienes “ociosos” son generalmente nuestros cerros que están llenos de minerales pero que también contienen el agua, suelos fértiles y el bosque fundamental para la vida de nuestra población.

CONSIDERANDO: Que es bochornoso que los operadores de justicia enjuicien y pongan medidas legales a los defensores de la tierra del sur de Honduras y acto seguido no haya una tan sola sanción emitida por los graves delitos ambientales que cometen los mineros, acuicultores, cañeros y los industriales agrícolas y acaparadores de tierra en el sur de Honduras.
CONSIDERANDO: Que los defensores de la tierra son obligados, a pesar de su débil condición económica a viajar grandes distancias para firmar semanalmente ante los órganos de justicia del sur de Honduras sólo por el único delito de defender la vida. Nos referimos puntualmente a los líderes de Zacate Grande; Amapala y pobladores del Tránsito, Nacaome, quienes han sido criminalizados y han sufrido la negligencia gubernamental en su más alto nivel.
CONSIDERANDO: Que el gobierno actual presidido por Juan Orlando Hernández se suma a la lista de gobiernos de antaño que no ofrece garantías a los defensores y defensoras de la naturaleza sino que más bien los condena y los persigue.
CONSIDERANDO: Que el cambio climático es una realidad en el mundo, teniendo como consecuencia crisis alimentaria por pérdida de cosechas, daños a la salud por el alza de temperaturas, incremento de plagas, calentamiento de las aguas y la pérdida de vida en los mares.
CONSIDERANDO: Que el gobierno de la República mediante la llamada hora del Sur únicamente promueve proyectos de explotación de los recursos naturales tales como: Mineras, camaroneras, plantas solares, Ciudades Modelo o ZEDE etc. Que en el corto y mediano plazo sólo traen desolación e intensificación de pobreza a las poblaciones rurales.

ACORDAMOS
  1. Dedicar este día de la tierra del 2016 a la líder ambientalista Bertha Cáceres declarándola Heroína nacional por su lucha en favor del rio Gualcarque, en favor de la autodeterminación del pueblo indígena, en favor de Honduras, condenando además fervientemente el cobarde asesinato que terminó con su vida.
  2. Que rechazamos nuevas concesiones de proyectos extractivitas en el sur de Honduras y exigimos a las dependencias del Estado que fortalezcan su rol de normadores controlando la grave contaminación producida por las industrias ya instaladas, exigimos pues un Gobierno transparente, eficiente, al servicio del pueblo hondureño y no de los inversionistas.
  3. Que nos declaramos vigilantes y auditores socio-ambientales permanente del cumplimiento de los compromisos que el gobierno hondureño en el marco del acuerdo mundial del clima firmado en Paris.
  4. Que la sociedad civil organizada defenderá el suelo, el agua, el rio, el mar, el bosque como parte integral de nuestra vida y la fuente de la salud y el bienestar del pueblo.
  5. Que documentaremos los casos de enjuiciamiento de nuestros defensores y pondremos en evidencia ante la comunidad nacional e internacional la corrupción y la inoperancia de nuestro sistema de justicia que pone en riesgo a nuestro pueblo condenándolo a la impunidad permanente.
  6. Exigimos a la Fiscalía del ambiente y al Juzgado de Nacaome que levanten las medidas penales contra los defensores de Zacate Grande y El Tránsito como una medida justa y que se enjuicien a los verdaderos depredadores verificados pro la SERNA en esos casos.
  7. Proponemos al presidente Juan Orlando Hernández que la “hora del sur” sea para reforestar, recuperar las fuentes de agua perdidas, Fortalecer la pesca y la agricultura comunitaria y no sea para traernos destrucción, muerte y convertir a nuestros habitantes en desplazados de su tierra cuando ya se acabe el oro y el agua, o peor aún en peones permanentes de ZEDES y Mineras que violentan sus derechos humanos, en fin, en extraños en su propia tierra.
¡La lucha comenzó, nadie la detiene!
Dado en Nacaome, Valle, el 22 de abril del 2016.
 
  



 






17 abr. 2016

Informe de la Misión Internacional "Justicia para Berta Cáceres"



Respondiendo al pedido del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, y de una extensa red de solidaridad internacional en apoyo al pueblo hondureño, la Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres Flores”, integrada por 15 parlamentarios, juristas y representantes de organizaciones y redes de derechos humanos, sindicales y populares del mundo entero, se desplazó a Honduras entre el 17 y el 21 de marzo de 2016. Esta Misión centró su acción en pedir el esclarecimiento del asesinato de la líder indígena Lenca Berta Cáceres Flores y de Nelsón Noé García, ambos dirigentes del COPINH, así como la liberación del dirigente social mexicano Gustavo Castro, herido en el asesinato de Berta y retenido injustamente por las autoridades de Honduras. La Misión buscaba además verificar el contexto en que ocurrieron los asesinatos y apoyar las demandas populares hondureñas para el cese de las concesiones y proyectos como Agua Zarca, represa hidroeléctrica contra cuya construcción inconsulta en territorio lenca luchaba Berta y sigue luchando COPINH, la desmilitarización de los territorios indígenas y la aplicación de la Ley de protección de defensores y defensoras de los derechos humanos.

Tras diversas reuniones con funcionarios ejecutivos y judiciales y parlamentarios hondureños, embajadas, COPINH y otras organizaciones populares y de derechos humanos, la familia de Berta Cáceres Flores, Gustavo Castro y su equipo jurídico, la Misión Internacional formuló 25 recomendaciones al Estado de Honduras y otros actores involucrados en las situaciones de violación de los derechos humanos observadas, como la Unión Europea, los Estados Unidos, la empresa DESA y sus financiadoras FMO, FINNFUND y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Entre ellas, la Misión destacó la debilidad manifiesta en Honduras del estado de derecho, con la ausencia del más mínimo respeto a los principios democráticos, libertades fundamentales y derechos humanos y sin la voluntad política necesaria para acabar con la impunidad imperante en relación a los actos que han convertido el país en el más peligroso del mundo para las y los defensores del ambiente, la tierra, el territorio y los derechos humanos. Observó la inoperancia del sistema de protección de los derechos humanos del Estado hondureño, así como también una práctica institucional que desconoce los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos como titulares de derecho. Concluyó en particular que la vida de Gustavo corría peligro al permanecer en Honduras y que no existían razones legales para restringir su libertad (finalmente Gustavo Castro fue liberado el 31 de marzo).

La Misión además constató sistemáticas y flagrantes transgresiones al derecho regional e internacional de derechos humanos, incluyendo los derechos de los pueblos indígenas, en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos, mineros, forestales y agroindustriales incluyendo el proyecto Agua Zarca. Observó que el agravamiento del proceso de criminalización del COPINH evidencia fuertes vinculaciones de los poderes del Estado con las empresas, como DESA, y financiadoras, tanto nacionales como transnacionales, que promueven estos proyectos en contradicción con los modos de vida e intereses de las comunidades y territorios afectados, situación profundizada luego del golpe de Estado en 2009. Observó una ausencia de diligencia debida de parte de esas empresas y financiadoras, así como también en relación a las cuantiosas ayudas otorgadas al gobierno hondureño por EE.UU., la Unión Europea y sus países miembros e instituciones financieras públicas como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica. Constató asimismo un proceso de militarización creciente del país que lejos de contribuir a la seguridad ciudadana es percibido como fuente misma de la inseguridad en aumento.

La Misión respaldó el pedido de una investigación independiente, con la participación de expertos internacionales tal como podría aportar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en acuerdo con el gobierno de Honduras, que permite identificar los autores materiales e intelectuales del asesinato de Berta , así como los responsables estatales y/o privados del conjunto de amenazas, hostigamiento y asesinatos en contra de los y las integrantes del COPINH.

Llamó en términos generales a eliminar la impunidad, los privilegios, tratos de favor, opacidad y restricciones democráticas, favorecidos por el golpe de Estado en 2009, a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos, a asegurar las medidas necesarias y dotar de los medios económicos suficientes para una correcta implementación de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, a poner fin a los procesos de criminalización de las organizaciones de la sociedad civil y a resolver de manera no violenta y democrática los conflictos socioambientales abiertos o futuros.

La Misión Internacional pidió cancelar de manera inmediata el proyecto Agua Zarca y todas las concesiones dadas en territorio lenca, sin el debido consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas, así como otras relacionadas con hidroeléctricas, mega explotaciones mineras, agroindustriales y forestales, reñidas también con la sostenibilidad ambiental y la aceptación social, especialmente cuando las mismas se ubican en territorios indígenas. Reclamó la desmilitarización de los territorios lenca, el cumplimiento efectivo del Convenio 169 de la OIT y el reconocimiento de COPINH como organización responsable de su autonomía comunitaria.

Exhortó al Banco Centroamericano de Integración Económica, la Compañía Financiera Holandesa para el Desarrollo (FMO) y Finnfund a cancelar definitivamente su apoyo a Agua Zarca e instó a todos los Estados e instituciones financieras multilaterales implicados en proyectos de conflictividad similar a cumplir con sus obligaciones extraterritoriales y de diligencia debida, asumiendo la obligación de verificar que los impactos sociales y ambientales de sus operaciones no sean dañinos o violatorios de los derechos humanos, de los pueblos y la naturaleza.

La Misión además llamó al Consejo Europeo a suspender el Acuerdo de Asociación con Honduras mientras se incumpla con los derechos humanos, solicitó a España y la UE evaluar su financiación al programa EuroJusticia, suspendiéndola temporalmente hasta esclarecerse las responsabilidades sobre el asesinato de Berta. Solicitó al gobierno de EE.UU. aclarar la relación entre sus programas de ayuda, el proyecto Agua Zarca y otros similares y el hostigamiento y asesinato de personas como Berta comprometidas en la defensa de sus territorios y derechos. Asimismo que aclare su participación en la investigación del asesinato de Berta Cáceres, y que suspenda el Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, y otros programas similares, mientras no se garanticen los derechos humanos en Honduras.

Pidió a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas que active los diversos Relatores Especiales y Grupos de Trabajo relevantes, a fin de realizar en examen conjunto de la situación de derechos humanos en Honduras afectada por los numerosos proyectos extractivos y contribuir con sus recomendaciones al cumplimiento de las obligaciones del Estado hondureño, las empresas, financiadoras y otros Estados, en materia de los derechos humanos incluyendo en especial los derechos ambientales y de los pueblos indígenas.

Asimismo, además de comprometer la continuidad del trabajo iniciado a raíz del asesinato de Berta, la Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres Flores” llama a los pueblos, movimientos y organizaciones populares del mundo, a redoblar sus acciones de solidaridad con los y las integrantes de COPINH, la familia de Berta, Gustavo y todas las organizaciones y personas hondureñas defensoras de los derechos humanos y ambientales, en su lucha contra la violencia y el despojo a los cuales están siendo sometidos. 
A partir de la difusión de este informe, El Congreso de los Diputados de España y el Parlamento Europeo han condenado de forma unánime el asesinato de la lideresa indígena Berta Cáceres, y han pedido a Honduras el esclarecimiento el ataque contra la activista. 

Ver informe completo en este link.