Respondiendo al pedido del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, y de una extensa red de solidaridad internacional en apoyo al pueblo hondureño, la Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres Flores”, integrada por 15 parlamentarios, juristas y representantes de organizaciones y redes de derechos humanos, sindicales y populares del mundo entero, se desplazó a Honduras entre el 17 y el 21 de marzo de 2016. Esta Misión centró su acción en pedir el esclarecimiento del asesinato de la líder indígena Lenca Berta Cáceres Flores y de Nelsón Noé García, ambos dirigentes del COPINH, así como la liberación del dirigente social mexicano Gustavo Castro, herido en el asesinato de Berta y retenido injustamente por las autoridades de Honduras. La Misión buscaba además verificar el contexto en que ocurrieron los asesinatos y apoyar las demandas populares hondureñas para el cese de las concesiones y proyectos como Agua Zarca, represa hidroeléctrica contra cuya construcción inconsulta en territorio lenca luchaba Berta y sigue luchando COPINH, la desmilitarización de los territorios indígenas y la aplicación de la Ley de protección de defensores y defensoras de los derechos humanos.
Tras diversas reuniones con funcionarios ejecutivos y judiciales y parlamentarios hondureños, embajadas, COPINH y otras organizaciones populares y de derechos humanos, la familia de Berta Cáceres Flores, Gustavo Castro y su equipo jurídico, la Misión Internacional formuló 25 recomendaciones al Estado de Honduras y otros actores involucrados en las situaciones de violación de los derechos humanos observadas, como la Unión Europea, los Estados Unidos, la empresa DESA y sus financiadoras FMO, FINNFUND y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Entre ellas, la Misión destacó la debilidad manifiesta en Honduras del estado de derecho, con la ausencia del más mínimo respeto a los principios democráticos, libertades fundamentales y derechos humanos y sin la voluntad política necesaria para acabar con la impunidad imperante en relación a los actos que han convertido el país en el más peligroso del mundo para las y los defensores del ambiente, la tierra, el territorio y los derechos humanos. Observó la inoperancia del sistema de protección de los derechos humanos del Estado hondureño, así como también una práctica institucional que desconoce los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos como titulares de derecho. Concluyó en particular que la vida de Gustavo corría peligro al permanecer en Honduras y que no existían razones legales para restringir su libertad (finalmente Gustavo Castro fue liberado el 31 de marzo).
La Misión además constató sistemáticas y flagrantes transgresiones al derecho regional e internacional de derechos humanos, incluyendo los derechos de los pueblos indígenas, en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos, mineros, forestales y agroindustriales incluyendo el proyecto Agua Zarca. Observó que el agravamiento del proceso de criminalización del COPINH evidencia fuertes vinculaciones de los poderes del Estado con las empresas, como DESA, y financiadoras, tanto nacionales como transnacionales, que promueven estos proyectos en contradicción con los modos de vida e intereses de las comunidades y territorios afectados, situación profundizada luego del golpe de Estado en 2009. Observó una ausencia de diligencia debida de parte de esas empresas y financiadoras, así como también en relación a las cuantiosas ayudas otorgadas al gobierno hondureño por EE.UU., la Unión Europea y sus países miembros e instituciones financieras públicas como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica. Constató asimismo un proceso de militarización creciente del país que lejos de contribuir a la seguridad ciudadana es percibido como fuente misma de la inseguridad en aumento.
La Misión respaldó el pedido de una investigación independiente, con la participación de expertos internacionales tal como podría aportar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en acuerdo con el gobierno de Honduras, que permite identificar los autores materiales e intelectuales del asesinato de Berta , así como los responsables estatales y/o privados del conjunto de amenazas, hostigamiento y asesinatos en contra de los y las integrantes del COPINH.
Llamó en términos generales a eliminar la impunidad, los privilegios, tratos de favor, opacidad y restricciones democráticas, favorecidos por el golpe de Estado en 2009, a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos, a asegurar las medidas necesarias y dotar de los medios económicos suficientes para una correcta implementación de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, a poner fin a los procesos de criminalización de las organizaciones de la sociedad civil y a resolver de manera no violenta y democrática los conflictos socioambientales abiertos o futuros.
La Misión Internacional pidió cancelar de manera inmediata el proyecto Agua Zarca y todas las concesiones dadas en territorio lenca, sin el debido consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas, así como otras relacionadas con hidroeléctricas, mega explotaciones mineras, agroindustriales y forestales, reñidas también con la sostenibilidad ambiental y la aceptación social, especialmente cuando las mismas se ubican en territorios indígenas. Reclamó la desmilitarización de los territorios lenca, el cumplimiento efectivo del Convenio 169 de la OIT y el reconocimiento de COPINH como organización responsable de su autonomía comunitaria.
Exhortó al Banco Centroamericano de Integración Económica, la Compañía Financiera Holandesa para el Desarrollo (FMO) y Finnfund a cancelar definitivamente su apoyo a Agua Zarca e instó a todos los Estados e instituciones financieras multilaterales implicados en proyectos de conflictividad similar a cumplir con sus obligaciones extraterritoriales y de diligencia debida, asumiendo la obligación de verificar que los impactos sociales y ambientales de sus operaciones no sean dañinos o violatorios de los derechos humanos, de los pueblos y la naturaleza.
La Misión además llamó al Consejo Europeo a suspender el Acuerdo de Asociación con Honduras mientras se incumpla con los derechos humanos, solicitó a España y la UE evaluar su financiación al programa EuroJusticia, suspendiéndola temporalmente hasta esclarecerse las responsabilidades sobre el asesinato de Berta. Solicitó al gobierno de EE.UU. aclarar la relación entre sus programas de ayuda, el proyecto Agua Zarca y otros similares y el hostigamiento y asesinato de personas como Berta comprometidas en la defensa de sus territorios y derechos. Asimismo que aclare su participación en la investigación del asesinato de Berta Cáceres, y que suspenda el Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, y otros programas similares, mientras no se garanticen los derechos humanos en Honduras.
Pidió a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas que active los diversos Relatores Especiales y Grupos de Trabajo relevantes, a fin de realizar en examen conjunto de la situación de derechos humanos en Honduras afectada por los numerosos proyectos extractivos y contribuir con sus recomendaciones al cumplimiento de las obligaciones del Estado hondureño, las empresas, financiadoras y otros Estados, en materia de los derechos humanos incluyendo en especial los derechos ambientales y de los pueblos indígenas.
Asimismo, además de comprometer la continuidad del trabajo iniciado a raíz del asesinato de Berta, la Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres Flores” llama a los pueblos, movimientos y organizaciones populares del mundo, a redoblar sus acciones de solidaridad con los y las integrantes de COPINH, la familia de Berta, Gustavo y todas las organizaciones y personas hondureñas defensoras de los derechos humanos y ambientales, en su lucha contra la violencia y el despojo a los cuales están siendo sometidos.
Tras diversas reuniones con funcionarios ejecutivos y judiciales y parlamentarios hondureños, embajadas, COPINH y otras organizaciones populares y de derechos humanos, la familia de Berta Cáceres Flores, Gustavo Castro y su equipo jurídico, la Misión Internacional formuló 25 recomendaciones al Estado de Honduras y otros actores involucrados en las situaciones de violación de los derechos humanos observadas, como la Unión Europea, los Estados Unidos, la empresa DESA y sus financiadoras FMO, FINNFUND y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Entre ellas, la Misión destacó la debilidad manifiesta en Honduras del estado de derecho, con la ausencia del más mínimo respeto a los principios democráticos, libertades fundamentales y derechos humanos y sin la voluntad política necesaria para acabar con la impunidad imperante en relación a los actos que han convertido el país en el más peligroso del mundo para las y los defensores del ambiente, la tierra, el territorio y los derechos humanos. Observó la inoperancia del sistema de protección de los derechos humanos del Estado hondureño, así como también una práctica institucional que desconoce los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos como titulares de derecho. Concluyó en particular que la vida de Gustavo corría peligro al permanecer en Honduras y que no existían razones legales para restringir su libertad (finalmente Gustavo Castro fue liberado el 31 de marzo).
La Misión además constató sistemáticas y flagrantes transgresiones al derecho regional e internacional de derechos humanos, incluyendo los derechos de los pueblos indígenas, en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos, mineros, forestales y agroindustriales incluyendo el proyecto Agua Zarca. Observó que el agravamiento del proceso de criminalización del COPINH evidencia fuertes vinculaciones de los poderes del Estado con las empresas, como DESA, y financiadoras, tanto nacionales como transnacionales, que promueven estos proyectos en contradicción con los modos de vida e intereses de las comunidades y territorios afectados, situación profundizada luego del golpe de Estado en 2009. Observó una ausencia de diligencia debida de parte de esas empresas y financiadoras, así como también en relación a las cuantiosas ayudas otorgadas al gobierno hondureño por EE.UU., la Unión Europea y sus países miembros e instituciones financieras públicas como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica. Constató asimismo un proceso de militarización creciente del país que lejos de contribuir a la seguridad ciudadana es percibido como fuente misma de la inseguridad en aumento.
La Misión respaldó el pedido de una investigación independiente, con la participación de expertos internacionales tal como podría aportar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en acuerdo con el gobierno de Honduras, que permite identificar los autores materiales e intelectuales del asesinato de Berta , así como los responsables estatales y/o privados del conjunto de amenazas, hostigamiento y asesinatos en contra de los y las integrantes del COPINH.
Llamó en términos generales a eliminar la impunidad, los privilegios, tratos de favor, opacidad y restricciones democráticas, favorecidos por el golpe de Estado en 2009, a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos, a asegurar las medidas necesarias y dotar de los medios económicos suficientes para una correcta implementación de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, a poner fin a los procesos de criminalización de las organizaciones de la sociedad civil y a resolver de manera no violenta y democrática los conflictos socioambientales abiertos o futuros.
La Misión Internacional pidió cancelar de manera inmediata el proyecto Agua Zarca y todas las concesiones dadas en territorio lenca, sin el debido consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas, así como otras relacionadas con hidroeléctricas, mega explotaciones mineras, agroindustriales y forestales, reñidas también con la sostenibilidad ambiental y la aceptación social, especialmente cuando las mismas se ubican en territorios indígenas. Reclamó la desmilitarización de los territorios lenca, el cumplimiento efectivo del Convenio 169 de la OIT y el reconocimiento de COPINH como organización responsable de su autonomía comunitaria.
Exhortó al Banco Centroamericano de Integración Económica, la Compañía Financiera Holandesa para el Desarrollo (FMO) y Finnfund a cancelar definitivamente su apoyo a Agua Zarca e instó a todos los Estados e instituciones financieras multilaterales implicados en proyectos de conflictividad similar a cumplir con sus obligaciones extraterritoriales y de diligencia debida, asumiendo la obligación de verificar que los impactos sociales y ambientales de sus operaciones no sean dañinos o violatorios de los derechos humanos, de los pueblos y la naturaleza.
La Misión además llamó al Consejo Europeo a suspender el Acuerdo de Asociación con Honduras mientras se incumpla con los derechos humanos, solicitó a España y la UE evaluar su financiación al programa EuroJusticia, suspendiéndola temporalmente hasta esclarecerse las responsabilidades sobre el asesinato de Berta. Solicitó al gobierno de EE.UU. aclarar la relación entre sus programas de ayuda, el proyecto Agua Zarca y otros similares y el hostigamiento y asesinato de personas como Berta comprometidas en la defensa de sus territorios y derechos. Asimismo que aclare su participación en la investigación del asesinato de Berta Cáceres, y que suspenda el Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, y otros programas similares, mientras no se garanticen los derechos humanos en Honduras.
Pidió a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas que active los diversos Relatores Especiales y Grupos de Trabajo relevantes, a fin de realizar en examen conjunto de la situación de derechos humanos en Honduras afectada por los numerosos proyectos extractivos y contribuir con sus recomendaciones al cumplimiento de las obligaciones del Estado hondureño, las empresas, financiadoras y otros Estados, en materia de los derechos humanos incluyendo en especial los derechos ambientales y de los pueblos indígenas.
Asimismo, además de comprometer la continuidad del trabajo iniciado a raíz del asesinato de Berta, la Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres Flores” llama a los pueblos, movimientos y organizaciones populares del mundo, a redoblar sus acciones de solidaridad con los y las integrantes de COPINH, la familia de Berta, Gustavo y todas las organizaciones y personas hondureñas defensoras de los derechos humanos y ambientales, en su lucha contra la violencia y el despojo a los cuales están siendo sometidos.
A partir de la difusión de este informe, El Congreso de los Diputados de España y el Parlamento Europeo han condenado de forma unánime el asesinato de la
lideresa indígena Berta Cáceres, y han pedido a
Honduras el esclarecimiento el ataque contra la activista.
Ver informe completo en este link.
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